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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentará denuncias penales contra 19 despachos contables y jurídicos que asesoraron a empresas para adoptar la figura de cooperativas y con ello evadir el pago de impuestos.

“Ellos ya tienen estructuradas algunas revisiones con carácter penal”, expresó Francisco Macías, presidente del Comité fiscal del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

El fiscalista dijo que funcionarios de alto nivel del SAT le confirmaron ayer acciones jurídicas que comenzarán a instrumentar en unos días.

Equipos de futbol de primera división de México, hoteles, restaurantes, agencias de publicidad y servicios de limpieza se han aprovechado de la figura jurídica de cooperativas para evadir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Macías dijo que el SAT tiene todos los elementos para demostrar la evasión fiscal de contribuyentes.
Añadió que la falta de actuación de la autoridad para auditar las razones por las cuales se usan estos mecanismos de evasión han sido lenta.

Las industrias de comunicaciones, alimenticia, minera, automotriz y comercio han sido beneficiadas con pagos menores del Impuesto Sobre la Renta (ISR) porque ganaron amparos a la autoridad fiscal.

De acuerdo con la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), la declaratoria de inconstitucionalidad de algunas disposiciones fiscales (PTU y pérdida por enajenación de acciones) le ha permitido a grupos económicos beneficiarse.

Un reporte de la Procuraduría en poder reveló que el caso más dañino para la autoridad es el de comunicaciones, donde los juicios de amparo que ganó este sector los llevó a pagar una tasa efectiva de ISR de 18.46%, una diferencia de 9.54% contra las empresas que sí pagan una tasa de ISR de 28 por ciento.

La Procuraduría, que encabeza Javier Laynez, informó que en el caso de la industria alimenticia los triunfos jurídicos les han permitido pagar al fisco una tasa de ISR de 24.16%, contra la de 28% genera.

La autoridad mencionó que la reducción de tasa empresarial es una de las desigualdades que ocasiona el juicio de amparo fiscal y sólo beneficia a unas minorías.

“Los distintos sectores empresariales impugnan los impuestos con el objeto de no quedar en desventaja competitiva frente a sus competidores. Al existir una minoría de contribuyentes que obtienen beneficios económicos y fiscales, tanto globales como particulares, se generan distorsiones en el mercado”, indicó la PFF.

En su reporte, la Procuraduría mencionó que los juicios de amparo ganados le permiten al ramo de la minería pagar una tasa empresarial de 24.74 por ciento.

Igualmente pasa con la industria automotriz, la cual paga una tasa efectiva de 25.92%; la construcción contribuye al fisco con una tasa de 26.14%, y el comercio, restaurantes y hoteles tienen una tasa efectiva de 25.14”. Dijo que otra de las problemáticas actuales del juicio de amparo es que se pone en “riesgo” el monto presupuestal.

Se trata de 31 mil demandas que se promovieron en contra del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), en el año 2008, en el juicio de mayor dimensión que se ha promovido contra una disposición fiscal.

En teoría el Gobierno ya ganó el primer round, al lograr que los amparos no se concedieran en primera instancia. Pero, la decisión inicial que adoptaron los juzgados especiales que se crearon para atender estos asuntos, no es definitiva.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se encarga de revisar la decisión adoptada por los jueces, a fin de determinar si el llamado IETU es inconstitucional o no, y si, por ende, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tiene o no que devolver los alrededor de 70 mil millones de pesos que se calcula recaudó por este concepto.

Pero pase lo que pase en este asunto, ya marcó un cambio en lo que será el futuro de los juicios contra impuestos.

La dimensión que alcanzó, sumada a la posibilidad de que casos tan numerosos y cuantiosos económicamente se repitan en el futuro, propició que el Gobierno del Presidente Felipe Calderón y las principales fuerzas políticas del país llegaran a un acuerdo para reformar la Constitución, a fin de modificar los alcances de los juicios contra impuestos que, aseguran, se han convertido en el gran negocio de unas cuantas empresas, en perjuicio de la mayoría de la población.

Los coordinadores parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN), del Revolucionario Institucional (PRI), y del de la Revolución Democrática (PRD), en la Cámara de Diputados suscribieron, la semana pasada, una iniciativa de reforma constitucional que busca acabar con los abusos en que han incurrido las grandes empresas, así como evitar que el Gobierno tenga que hacer devoluciones millonarias de impuestos.