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 La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado propuso reformas a la Ley General de Salud, para brindar seguridad jurídica a quienes utilicen el método de reproducción asistida.  

Al presentar la iniciativa, el senador Julio César Aguirre Méndez explicó  que se pretende reformar diversas disposiciones de la ley General de Salud para garantizar el derecho a la libertad reproductiva.  

"En esta iniciativa se reconoce la reproducción asistida como un medio para hacer efectiva la libertad reproductiva, desde el respeto de los derechos sexuales y reproductivos, como parte de los derechos humanos" refirió.  

Indicó que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), en los países en vías de desarrollo, 86 millones de personas padecen infertilidad, y en México el padecimiento afecta aproximadamente al 17 por ciento de los habitantes en edad reproductiva.  

Agregó que las disposiciones en la materia, previstas en la Ley General de Salud  son aisladas, incompletas y de difícil aplicación.  

Por ello, agregó, se plantea adicionar una fracción VII bis al artículo tres de la Ley General de Salud, para que precisar que la regulación y control sanitario de la reproducción asistida es materia de salubridad general.  

También se propone crear el Registro Nacional Sobre Reproducción Asistida, cuyos objetivos serán registrar los procedimientos llevados a cabo, inscribir los donantes de gametos y preembriones con fines de reproducción humana.  

El Senado aprobó con 90 votos cambios a cuatro artículos constitucionales que reforman y amplían el juicio de amparo para proteger, además de las garantías individuales, los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales ratificados por México.  

Las reformas, que fueron turnadas a los congresos locales para su ratificación, perfeccionan la estructura del Poder Judicial de la Federación y consolidan a la Suprema Corte de Justicia al permitir que se concentre en asuntos de trascendencia constitucional.  

Ahora, mediante el juicio de amparo se podrán resolver omisiones en que incurra la autoridad, y se establece la figura del amparo adhesivo, para mejorar las consideraciones de una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a un juicio.  

También se introduce la figura del interés legítimo, para constituir como quejoso en el amparo a quien resulte afectado por un acto que violente un derecho o una situación jurídica.  

El Senado aprobó en lo general y en lo particular la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, que permite no juzgar a los adolescentes como adultos.

Dispone que los criterios de organización, formación especializada y los procedimientos de ingreso, promoción, permanencia y terminación aplicables al personal correspondiente a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), sean definidos por esa dependencia de acuerdo con la legislación aplicable.

El texto prevé un listado de deberes y atribuciones a cargo de las autoridades, instituciones y órganos especializados cuando tengan contacto con niñas, niños, adolescentes y adultos jóvenes en el ejercicio de sus atribuciones. Con ello se pretende tutelar en todo momento el interés superior de los menores.

Crean condición de refugiados: Por otro lado, la Cámara alta aprobó expedir la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, que crea la condición de refugiado, así como su atención y asistencia en el país, para garantizar la no discriminación.

Así, ningún solicitante o refugiado podrá ser rechazado en frontera o devuelto al territorio de otro país donde su vida estaría en peligro.

Con esta ley, todo migrante que ingrese de manera irregular a México tiene derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, así como para su cónyuge, concubinario, concubina, hijos y parientes consanguíneos hasta el cuarto grado.

La condición de refugiado se reconocerá cuando existan fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas y cuando su vida esté en peligro.

El presidente del Senado y coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, dejó entrever la posibilidad de que haya habido presiones por parte del gobierno a senadores para votar contra la Ley Antimonopolios. A pregunta expresa, reconoció que se habló de esas presiones entre los senadores.

"El grupo parlamentario del PRI votó congruentemente. Lo hicieron también otros grupos parlamentarios que quizá variaron su voto, y otros más, a mí no me consta pero mucho se habla, fueron presionados por funcionarios del gobierno para que, o variaran su voto o siguieran votando a lo que le convenía al gobierno en turno.

"Respeto lo que haya sido su decisión, pero eso fue lo que sucedió y, por ello la votación del martes, en la cual nosotros ganábamos transformando el órgano regulador, se perdió este jueves", argumentó.

En conferencia de prensa, lamentó que "debido a distintas presiones" el Senado no dio "el gran paso" para tener una legislación sobre competencia que girara fundamentalmente sobre un órgano regulador verdaderamente independiente del gobierno.

Beltrones interpretó la estrategia del PAN para evitar el aval a la ley Antimonopolios, como un impedimento para que el órgano desconcentrado de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) sea un órgano descentralizado "verdaderamente independiente, donde en el futuro los nombramientos, por parte del gobierno, no fueran caprichosos ni simplemente para premiar a amigos".

También se impidió -dijo- tener un órgano regulador que en el futuro cumpla con las funciones de vigilar la verdadera competencia "y no se pensara en un órgano regulador que solamente sirva para presionar a los adversarios o a aquellos agentes económicos que no son gratos al gobierno en turno".

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la autoridad electoral no podrá convertirse en órgano verificador del cumplimiento de las promesas de campaña que realicen candidatos y partidos políticos.

Genaro David Góngora Pimentel, ministro de la SCJN, dijo:

“me parece que se vuelve muy delicado, pues no debe
olvidarse que lo que se está analizando, ya no son actos de campaña,
son actos de gobierno, con lo que el Instituto Electoral se convertiría
en revisión de la actuación de autoridades. ¿A quién corresponde
sancionar a un servidor público que no cumplió con sus compromisos de
campaña?, ¿A las autoridades electorales?, ¡No!, le corresponde al
elector, así funcionan las democracias”.

Al resolver tres acciones de inconstitucionalidad promovidas por
diversos partidos políticos en contra de reformas a la Constitución del
estado de Coahuila, nueve de los 11 ministros declararon
inconstitucional la fracción tercera del artículo 27 de la Constitución
estatal que facultaba al Instituto Electoral para verificar, una vez
pasadas las elecciones, que los partidos políticos cumplan sus promesas
de campaña.

Mariano Azuela Güitrón, ministro de la SCJN, manifestó:

“Un partido político que simple y sencillamente está
haciendo campañas en las que ofrece algo irrealizable y que eso se va
corroborando a través del tiempo, se va desprestigiando, pero no
necesita un verificador oficial, que fuera de lo que es propiamente su
función esté haciendo una verificación”.

Durante la presente Legislatura en la Cámara de Diputados se han aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federación 11 decretos de reformas constitucionales que impactan el contenido de 47 artículos de la Carta Magna, informó el legislador Raymundo Cárdenas.  

En entrevista, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en San Lázaro dio a conocer que de 2006 a la fecha fueron dictaminadas 82 iniciativas en sentido positivo y 40 en negativo, y se avalaron 10 minutas enviadas por el Senado de la República y cinco más están pendientes.  

El legislador precisó que desde 1917 y hasta el 30 de abril de este año se han aprobado 185 decretos de reforma constitucional, que impactan casi la totalidad de los artículos contenidos en la Carta Magna.  

Reconoció que la Constitución está muy "parchada", ya que a lo largo de la historia se le han hecho múltiples modificaciones, por lo que es necesario, dijo, una nueva.  

Los decretos que ya son texto vigente y por tanto forman parte de la Constitución son: las reformas al artículo sexto en materia de Acceso a la Información y Transparencia, así como al Sistema Electoral y de Partidos Políticos.  

Asimismo se hicieron cambios en materia de Gasto Público y Rendición de Cuentas, la Presentación del Informe Presidencial y para permitir que el presidente de la República se ausente de territorio nacional hasta por siete días sin autorización del Congreso.  

Las reformas al artículo 116 que modifica el requisito de edad para ser gobernador de un estado con una edad mínima de 30 años, al 4 y 73 en materia de acceso a la Cultura y Protección de Derecho de Autor.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó hoy la alerta por el brote de influenza porcina al nivel cinco, lo que implica declarar la emergencia sanitaria en los países miembros del organismo que se hayan visto afectados.

La guía de Alerta y Respuesta a una Influenza Pandémica de la OMS indica que a partir de la fase cinco se aconseja limitar los viajes a las zonas afectadas y establecer medios de vigilancia como cámaras infrarrojas que indican la temperatura del cuerpo en los puntos de entrada y salida de los países.

El cierre de las fronteras será evaluado en el caso particular de cada Estado afectado, de acuerdo con la evolución del brote y las condiciones particulares del país.

Será responsabilidad de los gobiernos de cada nación cuidar de la salud de sus ciudadanos, por lo que cada Estado será libre de determinar las medidas que considere pertinentes para evitar la propagación del virus.

La fase cinco indica que la pandemia es inminente y es una decisión que se toma cuando se comprueba la propagación del virus de persona a persona en al menos dos países de una región de la OMS.

La fase seis de alerta se declara cuando se comprueba la propagación del virus de persona a persona en al menos dos países de una región de la OMS, con la aparición de brotes comunitarios en al menos un tercer país de una región distinta.

Es en esta última fase (seis) cuando se declara una pandemia mundial.

El siguiente fue el decreto que expidio el gobierno federal para tratar de controlar el brote de inlfuenza porcina que ataca a nuestro pais, detaca la suspensión de garantías ordenada en todo lo que sea necesario para controlar la epidemia, incluido la libertad de transito y la inviolabilidad del domicilio. Estas medidas si bien podran ordenarse de manera administrativa, una vez cesado el estado de alerta tendran que justificarse legal y en su caso judicialmente las medidas tomadas. En la siguiente transcripción se han resaltado las partes trascendentales del decreto y que establecén la suspensión de garantias en lo que respecta a Inviolaibilidad del Domicilio, Libertad de Transito, Reunión e incluso Libertad de Expresión y de Comunicaciones al tener prioridad y completa discrecionalidad en la intervención de estos medios. Si bien la facultades, como se dijo antes solo seran aplicables durante el estado de excepción y una vez concluido los titulares de derechos que los consideren afectados de forma injustificada podrán hacer valer los medios de defensa que a su derecho correspondan (daño patrimonial, moral, responsabilidad de servidores publicos, Juicio de Amparo, Administrativo de Nulidad Etc.) en donda la autoridad deberá acreditar la estricta necesidad de sus actos.

DECRETO por el que se ordenan diversas acciones en materia de salubridad general, para prevenir, controlar y combatir la existencia y transmisión del virus de influenza estacional epidémica.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

Un juez federal ha dado los primeros pasos para acelerar una decisión sobre si los sospechosos por terrorismo pueden seguir retenidos en la base naval de Guantánamo, bajo una nueva política del gobierno del presidente Barack Obama.

El juez Reggie Walton dio un plazo de 12 días a los abogados de los detenidos a fin de que presenten alegatos con razones que soliciten al juez una aceleración de los procesos para su excarcelación siguiendo la nueva norma, anunciada el mes pasado por el gobierno de Obama. Indicó que los presos en la base naval de Cuba solo pueden continuar detenidos si respaldaban a al Qaida, el Talibán u otras fuerzas relacionadas.

El presidente Barack Obama anunció que cerraría el centro de detención dentro de un año y se decidirá a qué lugar serán trasladados los 240 detenidos. Pero los jueces federales ordenaron unas excarcelaciones en meses recientes.

El Departamento de Justicia de Obama respaldó la posición del presidente George W. Bush de que el presidente tiene la autoridad de retener a los sospechosos y dictó una similar norma legal para hacerlo. Pero el gobierno de Obama indicó que ya no definiría a los detenidos como combatientes enemigos, el término que Bush usó para justificar su detención.

El actual gobierno modificó el argumento diciendo que los prisioneros sólo pueden quedar detenidos si habían dado un ``importante respaldo'' a al Qaida, el Talibán o a ``fuerzas relacionadas''.

Walton criticó al gobierno por no definir en qué consistía el ``importante respaldo'' y agregó su propia interpretación. Indicó que definirá la norma para incluir sólo a las personas que eran miembros de fuerzas armadas de organizaciones enemigas en el momento de su captura.

El portavoz del Departamento de Justicia Dean Boyd se limitó a decir que revisa la decisión, el miércoles por la noche.