Barra Legal

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la decisión del IFE que obligó a los partidos PAN y PVEM a retirar la propaganda denominada Sopa de Letras y modificar un spot sobre la pena de muerte, respectivamente.
Durante su sesión pública, los magistrados avalaron la propuesta de Flavio Galván Rivera de desechar ambos recursos de apelación al considerar que "carecen de materia para hacer pronunciamiento alguno".

El magistrado Galván Rivera explicó que en ambos casos las impugnaciones hechas por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Verde Ecologista de México (PVEM) contra del ordenamiento del IFE se presentaron fuera de los tiempos legales.

Es decir, cuando ya se habían aplicado dichas medidas cautelares e incluso, el IFE ya había emitido las resoluciones correspondientes.
"En ambos casos cuando fueron presentados ya había operado un cambio de situación jurídica respecto de los actos impugnados toda vez que dichos ordenamientos tuvieron efectos provisionales por lo que no se tenía materia que analizar", argumentó.

De igual forma, el órgano jurisdiccional electoral desechó el recurso de apelación presentado por el coordinador general de comunicación social de la Sagarpa en contra de la solicitud hecha por el secretario Ejecutivo del IFE.

En esta, se le pide al funcionario de la Secretaría Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) informar si el titular de la dependencia, Alberto Cárdenas Jiménez convocó o realizó algún acto partidista.

En la cual se reunió con medios de comunicación para hablar a favor de la imagen de un precandidato a diputado federal empleando recursos públicos.

Al respecto el magistrado Salvador Olimpo propuso el desecamiento, ya que señaló que no había materia para el caso, pues el funcionario entregó la información solicitada.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) giró instrucciones a todos los juzgados y tribunales federales para que aplacen la resolución de los amparos promovidos contra de las leyes antitabaco —la general, de aplicación en todo el país, y la local, en el Distrito Federal— hasta nuevo aviso.

Con esta medida lo que se busca es que los juzgados y tribunales esperen a que la Corte emita una serie de sentencias que sirvan de guía para la resolución de todos los juicios que se promovieron contra las llamadas leyes antitabaco.

La Suprema Corte pretende resolver, primero, un juicio de acción de inconstitucionalidad en el que se alega que la ley del Distrito Federal contradice lo dispuesto en la norma general, de aplicación en todo el país y que aprobó con posterioridad el Congreso de la Unión, en especial porque la primera ordena garantizar espacios ciento por ciento libres de humo de tabaco, mientras que la segunda abre la opción de crear áreas específicas para fumadores en el interior de los establecimientos mercantiles.

Desde noviembre de 2008, el ministro Genaro Góngora Pimentel admitió a trámite el juicio de acción de inconstitucionalidad que promovió una minoría de diputados locales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para anular la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores, que obliga a todos los establecimientos mercantiles a garantizar que todos los espacios cerrados sean ciento por ciento libres de humo.

En representación de un grupo de 23 asambleístas, los socialdemócratas Enrique Pérez Correa y Carla Sánchez Armas y el perredista Tomás Pliego Calvo promovieron el juicio, el 3 de noviembre pasado, porque consideraron que la ley local se contrapone con la ley federal, en la que se establece que los negocios pueden acondicionar zonas para fumadores.

La caución establecida, la más alta que se ha fijado hasta hoy por este tipo de delitos, fue a petición de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), quien acreditó en la causa penal 150/2008 que el inculpado tramitó y obtuvo cinco credenciales de elector con nombres falsos.

Según consta en la averiguación previa 711/FEPADE/2007, iniciada a partir de una denuncia presentada por el Instituto Federal Electoral (IFE), entre septiembre de 2005 y enero de 2006, César Rosas Zavala realizó trámites en módulos de las delegaciones Álvaro Obregón y Tlalpan, en el Distrito Federal, para obtener el documento con los nombres de Omar Leyva López, Cristian Díaz Ortega, Octavio Vidal Canales, Martín Montaño Díaz y Omar Soto Guzmán.

César Rosas Zavala, a quien ya se le dictó auto de formal prisión, es probable responsable de la comisión de los delitos de alteración al Registro Federal de Electores y expedición ilícita de credenciales para votar, conductas establecidas y sancionadas en el artículo 411 del Código Penal Federal.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Edgar Elías Azar, informó que en tres años estará listo el sistema de juicios orales en la capital del país, así como la modernización de ese organismo.  

En conferencia de prensa, el funcionario capitalino afirmó que ya se cuenta con los recursos para poner en marcha esos aspectos, por lo que confió en dejar esos dos grandes proyectos concluidos antes de que concluya su administración, en 2012.  

"Al menos la infraestructura en un 90 por ciento de toda la oralidad de juicios, y poder ya tener informatizado el TSJDF, que es un viejo sueño de este Tribunal", expresó Elías Azar.  

Sobre los juicios orales que deberán instrumentarse en los estados luego de las reformas aprobada en materia penal a nivel federal, el funcionario indicó que en el Distrito Federal se prepara el código procesal que permitirá su correcta aplicación y desarrollo.  

Destacó que se iniciará una intensiva capacitación de los más de nueve mil trabajadores del tribunal, toda vez que la reforma conlleva un "cambio radical" en la ideología con que se venía desarrollando, tanto la procuración como la impartición de justicia.  

"Es una reforma que conlleva una inversión muy costosa que aun estamos analizando, pues son necesarias nuevas instalaciones y qué tanto vamos a poder mediar y conciliar además de poner en marcha el nuevo centro de Justicia Alternativa", expuso.  

Sobre la informatización del tribunal, explicó que la tecnología permitirá difundir a través del Internet los acuerdos, sentencias y resoluciones de los juzgados, con lo que se eliminará papelería, se agilizarán los procesos y se fomentará la transparencia.