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El presidente Barack Obama regresa de sus vacaciones de fin de año esta semana a la Casa Blanca con un Congreso diferente, donde los demócratas ya no tendrán mayoría en la Cámara de Representantes.
Como resultado de las pasadas elecciones de noviembre, los republicanos disponen en la nueva legislatura a partir del 5 de enero de una mayoría en la cámara baja que según han dicho piensan aprovechar para bloquear las prioridades del presidente.

Entre esas prioridades ha estado la reforma de salud, una ley ya aprobada el año pasado y que los republicanos quieren anular y empezar a hacerlo tan pronto como este mismo mes, antes del tradicional discurso sobre el Estado de la Unión que el presidente pronuncia a fines de enero.

La ley, que exigirá a todos los estadounidenses que adquieran un seguro de salud, es según sus críticos una intromisión del estado en la vida privada de los ciudadanos y una violación de las normas que rigen el libre mercado.

Tras los comicios de noviembre, la historia es diferente en el Senado, donde los demócratas, aunque reducida, siguen ostentando una mayoría de escaños.

Aun así, si aspira a ser reelegido en las elecciones del 2012, el presidente estará obligado a maniobrar ahora con mucha más cautela política en un Congreso donde ya no goza como antes de una cómoda mayoría bicameral.

El líder de la minoría republicana en el Senado, el legislador Mitch McConnell, ha dicho que su propósito principal será evitar que Obama pueda reelegirse.

 La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado propuso reformas a la Ley General de Salud, para brindar seguridad jurídica a quienes utilicen el método de reproducción asistida.  

Al presentar la iniciativa, el senador Julio César Aguirre Méndez explicó  que se pretende reformar diversas disposiciones de la ley General de Salud para garantizar el derecho a la libertad reproductiva.  

"En esta iniciativa se reconoce la reproducción asistida como un medio para hacer efectiva la libertad reproductiva, desde el respeto de los derechos sexuales y reproductivos, como parte de los derechos humanos" refirió.  

Indicó que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), en los países en vías de desarrollo, 86 millones de personas padecen infertilidad, y en México el padecimiento afecta aproximadamente al 17 por ciento de los habitantes en edad reproductiva.  

Agregó que las disposiciones en la materia, previstas en la Ley General de Salud  son aisladas, incompletas y de difícil aplicación.  

Por ello, agregó, se plantea adicionar una fracción VII bis al artículo tres de la Ley General de Salud, para que precisar que la regulación y control sanitario de la reproducción asistida es materia de salubridad general.  

También se propone crear el Registro Nacional Sobre Reproducción Asistida, cuyos objetivos serán registrar los procedimientos llevados a cabo, inscribir los donantes de gametos y preembriones con fines de reproducción humana.  

El Senado aprobó con 90 votos cambios a cuatro artículos constitucionales que reforman y amplían el juicio de amparo para proteger, además de las garantías individuales, los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales ratificados por México.  

Las reformas, que fueron turnadas a los congresos locales para su ratificación, perfeccionan la estructura del Poder Judicial de la Federación y consolidan a la Suprema Corte de Justicia al permitir que se concentre en asuntos de trascendencia constitucional.  

Ahora, mediante el juicio de amparo se podrán resolver omisiones en que incurra la autoridad, y se establece la figura del amparo adhesivo, para mejorar las consideraciones de una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a un juicio.  

También se introduce la figura del interés legítimo, para constituir como quejoso en el amparo a quien resulte afectado por un acto que violente un derecho o una situación jurídica.  

El Senado aprobó en lo general y en lo particular la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, que permite no juzgar a los adolescentes como adultos.

Dispone que los criterios de organización, formación especializada y los procedimientos de ingreso, promoción, permanencia y terminación aplicables al personal correspondiente a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), sean definidos por esa dependencia de acuerdo con la legislación aplicable.

El texto prevé un listado de deberes y atribuciones a cargo de las autoridades, instituciones y órganos especializados cuando tengan contacto con niñas, niños, adolescentes y adultos jóvenes en el ejercicio de sus atribuciones. Con ello se pretende tutelar en todo momento el interés superior de los menores.

Crean condición de refugiados: Por otro lado, la Cámara alta aprobó expedir la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, que crea la condición de refugiado, así como su atención y asistencia en el país, para garantizar la no discriminación.

Así, ningún solicitante o refugiado podrá ser rechazado en frontera o devuelto al territorio de otro país donde su vida estaría en peligro.

Con esta ley, todo migrante que ingrese de manera irregular a México tiene derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, así como para su cónyuge, concubinario, concubina, hijos y parientes consanguíneos hasta el cuarto grado.

La condición de refugiado se reconocerá cuando existan fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas y cuando su vida esté en peligro.

Quince Congresos estatales tienen leyes anti aborto y mujeres que interrumpieron su embarazo están en la cárcel. ONG acusa a la Iglesia católica de imponer su moral y de reducir el papel femenino a funciones meramente reproductivas.
Alejandra todavía no aparece. Es la segunda vez que la sección KIOSKO de EL UNIVERSAL viaja a Puebla para tratar de hablar con ella. Frente a su casa, de pronto, su madre abre la puerta. Juana Sánchez Rojas tiene un fuerte golpe en la frente y el ojo. Ante la cámara fotográfica, simplemente se oculta.

Marco Antonio Moreno, integrante de la Red Nacional de Abogadas y Abogados por la Defensa de la Reproducción Elegida (RADAR 4°), presente en el lugar esa mañana, asegura que aquí, en esta casa de la colonia Xonaca se vive violencia intrafamiliar. Dicen los activistas que cuando el padre de Alejandra se enteró del aborto de su hija casi la mata a golpes.

Juana, tras la puerta entrecerrada, comenta que tiene prohibido hablar; que su esposo tuvo una fuerte discusión con su hija y que desde entonces no la ve... y es que Alejandra tenía 14 semanas de embarazo cuando decidió abortar, tomó pastillas, tuvo una hemorragia por lo que acudió a la Cruz Roja de Puebla, entidad donde el aborto está prohibido, salvo los casos que prevé la ley.

Por lo anterior, se dio aviso a las autoridades para hacer el levantamiento del cadáver o feto y se inició la averiguación previa AP61/2009/ AEH, “para determinar su situación legal debido a que de acuerdo a la ley local, cometió un homicidio por provocarse un aborto y deberá responder ante las autoridades por sus actos”, cita el documento.

La Presidencia de la República publicó este lunes la Ley de la Policía Federal que permitirá  realizar intervenciones telefónicas cuando se lleven a cabo evasión de presos, delitos contra la salud, corrupción de menores o "incapaces", extorsión, homicidio y secuestro donde podrán participar instituciones privadas.

De acuerdo al documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) esta actividad podrá realizarse por autoridades civiles por medio del Comisionado General de la Policía Federal cuando se acrediten estos ilícitos vinculados con la delincuencia organizada, además del turismo sexual, lenocinio, explotación de menores, operaciones con recursos ilícitos y asalto en carreteras.

En el documento, enviado por el Congreso de la Unión al Ejecutivo, se establece que la solicitud de autorización deberá estar fundamentada legalmente, qué tipo de comunicaciones, el periodo de intervenciones, el cual puede ser prorrogado bimestralmente, sin exceder más de seis meses.

"Después de dicho plazo, sólo podrán autorizarse nuevas intervenciones cuando el Comisionado General de la Policía Federal acredite nuevos elementos que así lo justifiquen.

"En la autorización, la autoridad judicial competente determinará las características de la intervención, sus modalidades y límites y, en su caso, ordenará a instituciones públicas o privadas, modos específicos de colaboración", indica el texto.

En el DOF se especifíca que la Policía Federal deberá rendir un informe mensual sobre la intervención, que la autoridad judicial competente pondrá a disposición del Ministerio Público y en caso de que no se detecten actividades delictivas, se ordenará la destrucción del material en presencia del Comisionado General de la Policía Federal.

El Ejército mexicano y la Armada de México tendrán que acatar la nueva ley que regule el uso de la fuerza a nivel federal, cuando desarrollen acciones de seguridad pública, no así en el ámbito castrense, aseguró el experto Martín Gabriel Barrón.

El especialista del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) indicó que en México no existe una ley a nivel nacional de este tipo y aunque hay entidades que cuentan con esa norma, como el Distrito Federal, el Congreso aprobó un decreto en ese sentido.

El catedrático en criminología detalló que una vez que esta norma sea publicada en el Diario Oficial de la Federación tendrá que aplicarse en todos los estados del país.

Explicó que según el derecho internacional, en las sociedades democráticas el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza, sin embargo, para su aplicación se tomarán en cuenta criterios básicos de legalidad, racionalidad, proporcionalidad, congruencia y oportunidad.

Barrón Cruz indicó que de acuerdo con los postulados de la Organización de las Naciones Unidas, el uso de la fuerza debe realizarse con los criterios antes citados.

Especificó que por ello en la legislación aprobada a finales de abril en el Congreso de la Unión, se subraya que la proporcionalidad del uso de la fuerza es una forma de respetar los derechos humanos de las personas.

Abundó que las corporaciones policíacas, en especial los comandantes deben tener la suficiente capacidad táctica y de armamentos, y deben actuar con mucha cautela, pues de otra manera
incurrirían en responsabilidades.

El investigador del Inacipe aclaró que en el uso de la fuerza,  debe analizarse cómo puede repelerse una agresión de un tercero, medir las condiciones, cuál es la mejor técnica a utilizar, y si la población no tiene armas se deberán usar armas incapacitantes y no una fuerza letal.

La Comisión de Equidad de Género del Congreso del Estado, que preside la diputada priista y candidata a regidora por Guadalajara, Gloria Judith Rojas Maldonado, sesionó ayer y aprobó el dictamen que deroga el artículo 182 del Código Penal de Jalisco, para que el adulterio deje de ser delito en este ordenamiento, de acuerdo con la iniciativa presentada por el legislador Carlos Manuel Orozco Santillán, actualmente con licencia, pues es candidato a alcalde de la capital del Estado, por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Los diputados integrantes de esta comisión parlamentaria aprobaron la argumentación que sostiene como razón principal para esta reforma, que dicho artículo sanciona un delito que es ya inoperante, debido a que las circunstancias de modo, tiempo y lugar son difíciles de acreditar.

“Además de que este delito está legislado con una visión moral, que tiene que ver más con aspectos de la vida en pareja, como la fidelidad”, anotó la diputada Gloria Rojas.

El dictamen señala que el adulterio ya se sanciona en otro cuerpo legal, el Código Civil, específicamente en el artículo 404, como causal de divorcio.

Otro motivo para tomar esta decisión, es que según datos del Instituto de Estadística Geografía e Informática (INEGI) en el período de 2004 al 2006 no se han presentado denuncias al respecto en ninguno de los 11 estados de la República en los que aún se encuentra vigente este delito.

Tras aprobarse la derogación en un dictamen de la comisión, todavía deberá someterse al procedimiento de aprobación en el pleno, antes de que el Poder Ejecutivo cumpla con la modificación.

Durante la presente Legislatura en la Cámara de Diputados se han aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federación 11 decretos de reformas constitucionales que impactan el contenido de 47 artículos de la Carta Magna, informó el legislador Raymundo Cárdenas.  

En entrevista, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en San Lázaro dio a conocer que de 2006 a la fecha fueron dictaminadas 82 iniciativas en sentido positivo y 40 en negativo, y se avalaron 10 minutas enviadas por el Senado de la República y cinco más están pendientes.  

El legislador precisó que desde 1917 y hasta el 30 de abril de este año se han aprobado 185 decretos de reforma constitucional, que impactan casi la totalidad de los artículos contenidos en la Carta Magna.  

Reconoció que la Constitución está muy "parchada", ya que a lo largo de la historia se le han hecho múltiples modificaciones, por lo que es necesario, dijo, una nueva.  

Los decretos que ya son texto vigente y por tanto forman parte de la Constitución son: las reformas al artículo sexto en materia de Acceso a la Información y Transparencia, así como al Sistema Electoral y de Partidos Políticos.  

Asimismo se hicieron cambios en materia de Gasto Público y Rendición de Cuentas, la Presentación del Informe Presidencial y para permitir que el presidente de la República se ausente de territorio nacional hasta por siete días sin autorización del Congreso.  

Las reformas al artículo 116 que modifica el requisito de edad para ser gobernador de un estado con una edad mínima de 30 años, al 4 y 73 en materia de acceso a la Cultura y Protección de Derecho de Autor.  

El congreso del estado mexicano de Guanajuato aprobó hoy una reforma a la constitución local que garantiza el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, que ha sido calificada por sus opositores como "ley antiaborto".

La reforma fue aprobada por 26 de los 36 diputados que integran el congreso estatal, principalmente por los 23 miembros de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) y tres más de los partidos opositores, indicó un comunicado del congreso estatal.

La iniciativa aprobada establece en el primer artículo de la constitución local que "persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural”. El Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos".

Asimismo, señala la prohibición de todo tipo de discriminación contra la dignidad humana o contra los derechos y libertades de la persona.

En el comunicado se señala que los diputados que estaban en contra de la iniciativa abandonaron el salón de sesiones.

Los grupos opositores señalaron que esta reforma prohíbe el aborto en cualquier circunstancia, inclusive en caso de violación, lo que contradice las leyes federales que permiten el aborto en caso de violación, cuando esté en riesgo la vida de la madre, y en caso de que sea producto de engaño.

Las organizaciones civiles defensoras del derecho de las mujeres a decidir sobre el aborto indicaron que promoverán diversas medidas legales en contra de esta reforma, como son los recursos de amparo, y la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.

Con esta iniciativa, el estado de Guanajuato se convierte en la duodécima entidad que aprueba una ley antiaborto, pese a las protestas de diversas organizaciones.