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El presidente Barack Obama regresa de sus vacaciones de fin de año esta semana a la Casa Blanca con un Congreso diferente, donde los demócratas ya no tendrán mayoría en la Cámara de Representantes.
Como resultado de las pasadas elecciones de noviembre, los republicanos disponen en la nueva legislatura a partir del 5 de enero de una mayoría en la cámara baja que según han dicho piensan aprovechar para bloquear las prioridades del presidente.

Entre esas prioridades ha estado la reforma de salud, una ley ya aprobada el año pasado y que los republicanos quieren anular y empezar a hacerlo tan pronto como este mismo mes, antes del tradicional discurso sobre el Estado de la Unión que el presidente pronuncia a fines de enero.

La ley, que exigirá a todos los estadounidenses que adquieran un seguro de salud, es según sus críticos una intromisión del estado en la vida privada de los ciudadanos y una violación de las normas que rigen el libre mercado.

Tras los comicios de noviembre, la historia es diferente en el Senado, donde los demócratas, aunque reducida, siguen ostentando una mayoría de escaños.

Aun así, si aspira a ser reelegido en las elecciones del 2012, el presidente estará obligado a maniobrar ahora con mucha más cautela política en un Congreso donde ya no goza como antes de una cómoda mayoría bicameral.

El líder de la minoría republicana en el Senado, el legislador Mitch McConnell, ha dicho que su propósito principal será evitar que Obama pueda reelegirse.

Un juez federal ha dado los primeros pasos para acelerar una decisión sobre si los sospechosos por terrorismo pueden seguir retenidos en la base naval de Guantánamo, bajo una nueva política del gobierno del presidente Barack Obama.

El juez Reggie Walton dio un plazo de 12 días a los abogados de los detenidos a fin de que presenten alegatos con razones que soliciten al juez una aceleración de los procesos para su excarcelación siguiendo la nueva norma, anunciada el mes pasado por el gobierno de Obama. Indicó que los presos en la base naval de Cuba solo pueden continuar detenidos si respaldaban a al Qaida, el Talibán u otras fuerzas relacionadas.

El presidente Barack Obama anunció que cerraría el centro de detención dentro de un año y se decidirá a qué lugar serán trasladados los 240 detenidos. Pero los jueces federales ordenaron unas excarcelaciones en meses recientes.

El Departamento de Justicia de Obama respaldó la posición del presidente George W. Bush de que el presidente tiene la autoridad de retener a los sospechosos y dictó una similar norma legal para hacerlo. Pero el gobierno de Obama indicó que ya no definiría a los detenidos como combatientes enemigos, el término que Bush usó para justificar su detención.

El actual gobierno modificó el argumento diciendo que los prisioneros sólo pueden quedar detenidos si habían dado un ``importante respaldo'' a al Qaida, el Talibán o a ``fuerzas relacionadas''.

Walton criticó al gobierno por no definir en qué consistía el ``importante respaldo'' y agregó su propia interpretación. Indicó que definirá la norma para incluir sólo a las personas que eran miembros de fuerzas armadas de organizaciones enemigas en el momento de su captura.

El portavoz del Departamento de Justicia Dean Boyd se limitó a decir que revisa la decisión, el miércoles por la noche.

El Senado aprobó con 66 votos a favor y 13 abstenciones, la petición presidencial para que la Armada de México participe en los ejercicios navales "UNITAS 50-09", que se celebrarán del 19 de abril al 7 de mayo en Mayport, Florida, Estados Unidos.  

La Cámara alta solicitó al Ejecutivo federal que instruya al secretario de Marina para que presente un informe sobre los resultados de la participación de la Armada de México en dichos ejercicios.  

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gustavo Madero Muñoz, explicó que esas acciones permiten conocer la situación y el funcionamiento de los ejércitos de otros países, al tiempo que servirán para aprender y mejorar el desempeño de la Armada de México.  

El también coordinador de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado indicó que la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) se comprometió a informar del resultado de esas prácticas.  

A su vez, el presidente de la Comisión de Marina, Esteban Calderón, aseguró que la participación de la Armada mexicana servirá para acumular facultades y experiencias que serán aplicadas en sus funciones.  

La presencia de la Armada de México en esos ejercicios es una oportunidad para desarrollar las capacidades operativas de sus buques, aeronaves y unidades terrestres en combate al narcotráfico y la vigilancia de las instalaciones estratégicas del país, agregó.  

La senadora, Rosario Green. del Partido Revolucionario Institucional (PRI), negó en su turno que la participación de la Armada de México atente contra la soberanía nacional y dijo que las fuerzas armadas han salido cuatro veces del país entre 2002 y 2007.  

Mandos de la Armada de México rechazaron las versiones generadas en los últimos días en Estados Unidos, en las que se ha asegurado y dado por hecho que militares mexicanos participarán a finales de abril en las operaciones UNITAS 50.
Indicaron que será el día 14 de abril cuando el Senado de la República someta a análisis y votación si se otorga el permiso para la salida de dos buques, 329 elementos, dos helicópteros y dos lanchas interceptoras hacia Florida.

De otorgarse el permiso, esa sería la segunda participación de la Marina en una de las fases de la Operación UNITAS (United International Anti Submarine Exercises - Ejercicios Internacionales de Guerra Antisubmarina, en inglés), que este año cumple medio siglo de efecturase bajo la coordinación de mando navales norteamericanos.

La primera participación de la Marina en dicha operaciones ocurrió en abril de 2002, en la fase 43 de la UNITAS realizada en el mar Caribe, en la que la Fragata F-212 Abasolo, con una dotación de 219 tripulantes y un grupo de inserción de Fuerzas Especiales (de 30 elementos), tomo parte en prácticas de tiro en movimiento, tiro de precisión, disparo de misiles, maniobras navales de carga y descraga en alta mar, interceción, revisión e inspección de buques, aseguramiento de sospechosos, despegue y anaveaje de helicópteros (la Marina llevó un helicópero Bolkow), y comunicaciones unificadas.

Los mandos navales consultados indicaron que cualquier versión que no surja del Senado como postura final sobre la salida o no de los dos buques de la Marina, no tienen sustento porque no son emitidas por el gobierno mexicano y por las instancias adecuadas.

En caso de aprobar la participación de la Armada de México en la UNITAS 50 o UNITAS GOLD, la Marina enviará a las naves:

El Senado estadunidense votará esta semana la ley de gastos del año fiscal 2009 que incluye tanto los fondos para la Iniciativa Mérida (Merida Initiative), como una disposición que bloquea el uso de fondos para el acceso de camiones mexicanos a Estados Unidos.

Los demócratas esperan derrotar los intentos de enmiendas de los republicanos a fin de que se vote una versión idéntica a la aprobada por la Cámara de Representantes la semana pasada y pueda ser enviada de inmediato para su promulgación al presidente Barack Obama.

En temas de interés para América Latina, la versión aprobada por la Cámara de Representantes incluyó un presupuesto de 300 millones de dólares para México dentro de la iniciativa Mérida, un recorte de la propuesta original de 450 millones de dólares.

El tema del apoyo a México con motivo de la lucha antidrogas fue examinado este sábado por el presidente Obama, quien recibió una sesión informativa de su Jefe del Estado Mayor Conjunto Michael Mullen, quien realizó la semana pasada una visita de trabajo a México.

En paralelo, la Cámara de Representantes realizará el martes tres audiencias separadas, una sobre la Iniciativa Mérida con el subsecretario de adjunto de Estado, Tom Shannon, otra sobre la violencia en México y una tercera sobre el control fronterizo.

La ley de gastos que será votada en la semana incluyó también una disposición que bloquea el uso de fondos federales para ingreso de camiones de México a Estados Unidos, que había puesto en vigor la administración Bush para cumplir con sus obligaciones bajo el Tratado de Libre Comercio (TLC).

Un ''enorme y fuerte'' cabildeo de grupos de interés en Estados Unidos estaba evitando que el gobierno ''haga lo que se necesita hacer para cortar el flujo ilícito de armas a México'', dijo el martes el embajador mexicano ante la Casa Blanca, Arturo Sarukhán.

Cortar ese flujo implica ''cerrar los agujeros'' que permiten ferias y tiendas de armas, así como reactivar la prohibición de importaciones de armas automáticas a Estados Unidos que pone en el mercado estadounidense 2.5 millones de armas al año, declaró.

''Pienso que hay una seria resistencia política, lo cual explica el porqué es difícil obtener la atención de ciertos sectores de la opinión pública estadounidense'', dijo Sarukhán en una conferencia en la Universidad George Washington sobre la nueva administración del presidente Barack Obama y sus relaciones con América Latina.

Sarukhán no hizo una referencia específica a los grupos que buscan influir en los niveles de decisión, pero uno de los más activos es la Asociación Nacional de Armas de Fuego (National Rifle Association o NRA), que promueve la defensa del mandato constitucional que da en Estados Unidos derecho a poseer un arma.

Wayne LaPierre, vicepresidente de NRA, ha dicho que una prohibición de armas de asalto en Estados Unidos ``no tendría absolutamente ningún impacto'' en el flujo de armas hacia México debido a que los carteles mexicanos de la droga realizaban ``operaciones terroristas''.

''Son el equivalente de las operaciones terroristas que se lanzan desde Pakistán sobre la frontera afgana'', dijo LaPierre en una entrevista de Lou Dobbs de la cadena CNN. ``Obtienen lo que quieren, ignoran las leyes que quieren, violan, roban, asesinan, secuestran. No creen en nada''.

Sarukhán dijo que debido a que cuando se cierran unas rutas los narcotraficantes abrían otras, el fenómeno del narcotráfico sólo sería resuelto con ``una estrategia regional realista''.

La Corte de Apelaciones de Estados Unidos dictaminó que una ley de California que restringe las ventas y alquileres de videojuegos a los menores de edad, y exige etiquetar los productos que violan los derechos de libertad de expresión.

El tribunal llegó a la conclusión de que el etiquetado obliga de forma injusta a los videojuegos a llevar "la controvertida opinión del Estado", según la cual los juegos son violentos.

La ley de 2005, que requiere que los juegos denominados como violentos lleven una etiqueta que dice "18", ha sido rebatida por las editoras de videojuegos, distribuidoras y vendedores.

Una corte menor invalidó la ley para que no tuviese efecto, pero posteriormente el Estado apeló.

"Existen pruebas evidentes de que los niños están en riesgo por estos videojuegos extraordinariamente violentos", señaló el viernes a Reuters el asesor de la Corte Suprema Adam Keigwin.

La Corte de Apelaciones de Estados Unidos dictaminó que una ley de California que restringe las ventas y alquileres de videojuegos a los menores de edad, y exige etiquetar los productos que violan los derechos de libertad de expresión.

El tribunal llegó a la conclusión de que el etiquetado obliga de forma injusta a los videojuegos a llevar "la controvertida opinión del Estado", según la cual los juegos son violentos.

La ley de 2005, que requiere que los juegos denominados como violentos lleven una etiqueta que dice "18", ha sido rebatida por las editoras de videojuegos, distribuidoras y vendedores.

Una corte menor invalidó la ley para que no tuviese efecto, pero posteriormente el Estado apeló.

"Existen pruebas evidentes de que los niños están en riesgo por estos videojuegos extraordinariamente violentos", señaló el viernes a Reuters el asesor de la Corte Suprema Adam Keigwin.

El plan del presidente Barack Obama de suspender los procesos judiciales en contra de los reos en Guantánamo encontró un obstáculo, cuando un juez militar dijo que no era conveniente suspender una audiencia para el caso del supuesto cerebro detrás del ataque con explosivos contra el buque estadounidense USS Cole.

El fallo emitido el jueves por el juez militar, coronel James Pohl, crea un reto inesperado para el nuevo gobierno, que trata de revisar los mecanismos conforme los cuales Estados Unidos juzga a supuestos terroristas.

Pohl indicó que su decisión fue difícil de tomar, pero resulta necesaria para preservar ``el interés público en un juicio rápido''. El fallo fue emitido con relación al caso contra Abd al-Rahim al-Nashiri.

El atentado contra el destructor naval, ocurrido en el 2000 en el muelle de Aden, Yemen, dejó 17 marinos estadounidenses muertos.

Obama ha ordenado el cierre dentro de un año del centro de detención en Cuba. El gobierno pidió la semana pasada una suspensión de 120 días a los procesos contra 20 detenidos, conforme determina si se debe de juzgar a los supuestos terroristas mediante comisiones militares, reanudar sus procesos o llevarlos en otras cortes.

Obama emitió una orden ejecutiva instruyendo al secretario de la Defensa Robert Gates para que se asegurara de que ``todos los procesos de tales comisiones militares, en las que se han abordado cargos pero no se ha emitido juicio alguno... sean detenidos''.

Sin embargo, Pohl dijo en su fallo que ``en este caso, el pedido para suspender el proceso no es justificable''.

La decisión del juez parece haber tomado por sorpresa al Pentágono y la Casa Blanca.