Barra Legal

Aunque estuvieron a punto de perder el quórum, que se alcanzó a salvar con la llegada del diputado Alejandro Díaz Medican, los miembros de la Comisión legislativa de Puntos Constitucionales, aprobaron este martes el dictamen que autoriza reformar algunos artículos de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte, para legalizar al uso del alcoholímetro. Su presidente, el diputado panista Gustavo González, apuntó depende del presidente del Congreso (Samuel Romero Valle), que el dictamen se presente en la sesión del pleno el jueves próximo.

Explicó después que con la reforma legal, “se está facultando a los agentes de vialidad a aplicar el alcoholímetro a los conductores de quienes tengan fundadas sospechas que conducen bajo los efectos del alcohol”. Agregó que se incrementa, igualmente, la sanción para los conductores ebrios: de 100 a 150 días de salario mínimo, dependiendo del grado de alcohol en la sangre que presenten.

Por otra parte, en la misma sesión se aprobó otro dictamen, que considera retirar las licencias a conductores del transporte público que participen, en un período de dos años, en dos accidentes viales; esto es que al involucrarse en un tercer accidente, siempre que en los tres se compruebe previamente su culpabilidad, perderán la licencia y la unidad de transporte perderá la concesión pública.

El legislador panista aseguró que ambas reformas y el endurecimiento de sanciones, pretenden reducir el riesgo de muerte relacionado con el uso de vehículos automotores, pues esta ya es la cuarta causa de muerte en el país, pero además es la primera entre personas de 5 a 39 años de edad.

Con el propósito de limitar el consumo de bebidas alcohólicas fuera de establecimientos públicos, el presidente de la Comisión de Inspección y Reglamentos del Ayuntamiento de Guadalajara, Antonio Romero Wrroz, define el reglamento para prohibir que a la salida de algún antro, bar, restaurante o cantina, el consumidor ande por las calles con las famosas “camineras” (bebidas alcohólicas en vasos desechables).

Actualmente, los clientes que asisten a algún establecimiento donde se vende cerveza, tequila o cualquier tipo de bebida alcohólica, tienen la oportunidad de una vez que decidan dejar el lugar, a la salida, la gente de seguridad cuenta con vasos desechables para verter el líquido.

Sin embargo, el edil tapatío señaló que esta es una medida que no limita que se siga consumiendo alcohol en la vía pública, además de que representa una infracción administrativa.

Ante ello, ya se trabaja en una iniciativa para prohibir que todos estos establecimientos sigan otorgando los vasos desechables para llevar la “caminera”.

Aunque hasta el momento la iniciativa no ha sido aprobada, el Ayuntamiento de Guadalajara, a través de las cartas compromiso que entregan en el pago del refrendo de licencias, hace el señalamiento a los propietarios para evitar entregar los vasos desechables, esto, también como una medida de prevención de accidentes.

“Queremos establecer con estos lugares que dejen de entregar estos vasos. Todavía no está en nuestro reglamento, pero mientras, lo estamos solicitando a través de la carta compromiso. Es por seguridad tanto de ellos como de los propios asistentes”.

Hasta el momento, sólo 15% de los establecimientos que hay en Guadalajara, cuentan con las cartas compromiso. Empero, se espera que a final de este mes, la totalidad de los centros de diversión ya la tengan.

Dado que para el arranque del Macrobús, previsto para el 1 de marzo, no estará aprobada y en vigor la propuesta de aplicar una multa de entre 10 mil y 20 mil pesos a los conductores que invadan el carril exclusivo del transporte articulado, la Secretaría de Vialidad y Transporte (SVyT) informó que sus elementos podrán sancionar la falta, pero con tres salarios mínimos, esto es, poco más de 159; sería por circular en zona prohibida.

El director del área Jurídica de la SVyT, Armando López Vences explicó que elementos de la dependencia vigilarán que se respete el señalamiento restrictivo que indicará que no se deben utilizar los carriles exclusivos del Macrobús, en los 16 kilómetros del corredor Calzada Independencia-Gobernador Curiel.

Sin embargo, en este caso se deberán remitir a aplicar las sanciones que existen en la Ley de Vialidad, de modo que la falta más similar sería por circular o estacionarse en zona prohibida. De acuerdo a la norma vial, el artículo 164, fracción octava, marca una multa de tres salarios mínimos a quienes incurran en ambos incumplimientos.

El monto de la sanción por tres salarios mínimos, está muy lejos de la multa ejemplar que se analiza en el Congreso del Estado, cuya iniciativa plantea castigar a quienes invadan el carril exclusivo del Macrobús con entre 200 y 400 salarios mínimos, esto con el propósito de propiciar el respeto al área del transporte articulado y evitar con ello accidentes graves.

“De todas maneras, aunque no se aprobara la disposición, sí se tiene la exclusividad en el sentido de que habrá señalamiento restrictivo, de manera que quien invada (los carriles del Macrobús) se les aplicará una infracción en el sentido de no respetar zonas prohibidas”, explicó López Vences.

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa declaró improcedente el juicio de amparo promovido por el ejido de Santa Ana Tepetitlán en contra de las obras del Nodo Vial Tutelar, con lo que se exime al Gobierno del Estado de pagar cualquier indemnización a los ejidatarios y se descarta la posibilidad de demoler el retorno ya construido y en operación.

En su resolución, emitida el 29 de enero de 2009, la juez Guadalupe Gabriela Huizar Flores sobreseyó el juicio 163/2008 promovido por el ejido, luego de que la Dirección Jurídica de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur) comprobara, mediante constancias de diversos juicios, que los quejosos ya habían sido indemnizados en la década de los ochenta, por lo que la posesión sobre el Periférico por parte del Gobierno del Estado es absolutamente legal.

“Este Juzgado de Distrito considera que los actos reclamados no son violatorios de garantías, porque contrario a lo sustentado por la parte quejosa, las autoridades integrantes del Ejecutivo del Estado no están ejerciendo actos privativos en contra de los derechos de uso, disfrute y disposición de bienes pertenecientes al ejido quejoso”, se lee en la resolución.

La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) le pagó al ejido a cambio de los predios donde se ubica la obra. Entre los bienes que los ejidatarios recibieron a cambio de las tierras que ahora pelean están:

· Un rancho agrícola de riego que cuenta con 74 hectáreas con un valor de nueve millones 298 mil 818 pesos.

El Gobierno del Estado no indemnizará a los ejidatarios de Santa Ana Tepetitlán, que reclaman como propios los terrenos del Periférico, en la zona donde se construye el Nodo Tutelar, dada la resolución que emitió el Juzgado Segundo en Materia Administrativa.

“En lo que corresponde al Ejido Santa Ana Tepetitlán, no procede la indemnización, es decir, que se sobresee el juicio de amparo, por lo tanto no tenemos la obligación de indemnizar a los ejidatarios”, informó el secretario de Desarrollo Urbano (Sedeur), Sergio Carmona Ruvalcaba.

Con esta resolución, el retorno elevado que ya está terminado como parte del Nodo Tutelar, seguirá operando y se descarta la posibilidad de demolerlo, puntualizó.

El funcionario confió en que esta determinación siente precedente para el caso del conflicto que se tiene con Ejidatarios de El Colli, que dicen ser dueños también de terrenos del Periférico, pero en la parte del retorno elevado complementario. Los trabajos están detenidos por un ordenamiento judicial.

De acuerdo con el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, el Ejido Santa Ana Tepetitlán ya fue indemnizado, de modo que pagarles nuevamente “sería tanto como permitir un doble pago, fomentando un enriquecimiento indebido”.

La resolución de la juez, Guadalupe Gabriela Huízar Flores, fue emitida el 29 de enero pasado, sobreseyendo el juicio 163/2008 promovido por los ejidatarios.

En el documento emitido por las autoridades judiciales, se lee: “Este Juzgado de Distrito considera que los actos reclamados no son violatorios de garantías, porque contrario a lo sustentado por la parte quejosa, las autoridades integrantes del Ejecutivo del Estado no están ejerciendo actos privativos en contra de los derechos de uso, disfrute y disposición de bienes pertenecientes al ejido quejoso”.

El Ayuntamiento de Zapopan presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al considerar que el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco (TAE) asumió facultades que no le corresponden cuando emitió la licencia de operación del Centro Comercial Andares.

“Se presentó (la controversia) en días pasados ante la SCJN, la cual estamos en espera de conocer si ha sido admitida o no, esperamos que sea admitida y se resuelva el asunto de si el TAE tiene facultades constitucionales para emitir licencias de operación de giro”, declaró el titular de la Coordinación de la Sindicatura de Zapopan, Alfredo Rosales Pérez.

Fue la magistrada que preside la Quinta Sala Unitaria del TAE, Patricia Campos González, quien el 12 de noviembre de 2008 resolvió a favor del desarrollador Álvaro Leaño Espinosa, la solicitud de afirmativa ficta que se había presentado desde el 16 de octubre.
Rosales Pérez habló de consideraciones legales que podrían fungir en contra de la autoridad municipal y su promoción de la controversia constitucional, así como de otras que, al contrario, podrían beneficiarlo:

“Es difícil el tema de la admisión de este tipo de actos, toda vez que la Constitución y la legislación reglamentaria establecen que contra resoluciones jurisdiccionales no procede la controversia, como es el caso, pero hay un criterio de la misma corte que ha dicho que cuando un órgano de gobierno, una entidad gubernamental, alegue ante la SCJN,  vía controversia constitucional, que se le han vulnerado sus facultades constitucionales y que otro órgano está asumiendo esas facultades que no le competen, es factible que proceda”.

El regidor panista, Juan Pablo de la Torre Salcedo, propone que existan dos licencias para permitir fumar en lugares cerrados y también propone se otorgue otra licencia para aquellos restauranteros que quieran un establecimiento libre de humo, esto a pesar de que la ley federal prohíbe que se consuma tabaco en lugares cerrados.

De la Torre Salcedo explicó que hasta el momento la ley no se puede aplicar en Guadalajara, debido a que no hay un reglamento municipal, por lo cual se están proponiendo estas dos licencias, que desde su punto de vista, no se está violando la ley federal en vigor.

Hasta el momento, no se tiene el costo de estas licencias; sin embargo existen más de mil establecimientos entre antros, restaurantes y bares que pudieran obtenerlas.

El Ayuntamiento de Guadalajara ha interpuesto 77 juicios de lesividad durante los dos años que han transcurrido de la presente administración municipal, informó el director jurídico, José de Jesús Hidalgo Sánchez.

En entrevista, el funcionario explicó que de esta cifra, 12 juicios han sido resueltos en primera instancia en forma favorable para el municipio, mientras que otros seis también se han resuelto en forma favorable, pero en segunda instancia, aunque aclaró que queda pendiente el amparo que pudieran interponer los afectados. “Todos los juicios en encuentran ‘subiudice’, lo que implica que no hay una sentencia definitiva, pero creemos que tenemos posibilidades amplias de ganarlos porque la materia es la misma y algunos de ellos han sido favorables en las primeras instancias”.

Además, indicó el director jurídico, existen otros cuatro juicios que se encuentran listos para presentarse ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), pero que aún no han sido interpuestos por el periodo vacacional decembrino. Dentro de los juicios de lesividad para revocar autorizaciones otorgadas en la pasada administración, se encuentran gasolineras, anuncios espectaculares, restaurantes, bares y algunos otros giros.

Como la mayoría de los juicios corresponden a autorizaciones otorgadas mediante recursos de revisión, por el entonces síndico, Gustavo González Hernández, el actual director jurídico dijo que las sentencias favorables obtenidas hasta el momento, confirman que hubo anomalías en los permisos otorgados. “Las sentencias nos dicen que los procedimientos no estuvieron totalmente apegados a la Ley de Desarrollo Urbano”. Aunque indicó que la capacidad de la Dirección Jurídica se encuentra rebasada, Hidalgo Sánchez anticipó que para 2009 se interpondrán más juicios de lesividad.

Bajo la premisa de que anualmente se entregan subsidios a distintas organizaciones sociales, sobre todo de indole religiosa, el Regidor de Guadalajara Leobardo Alcala Padilla propuso ante el ayuntamiento se reglamenten estos para establecer los criterios a seguir para la entrega de subsidios y contemplarlos en el presupuesto anual del municipio.

Fuente: el informador