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• PSOE y PP han pactado incluir una enmienda al artículo 23 de la ley Orgánica del Poder Judicial, a través de un proyecto de ley que está ahora en trámite sobre la oficina judicial, para impulsar una reforma legal que limita la llamada jurisdicción universal, es decir, la capacidad de la Audiencia Nacional para intervenir en procesos fuera de España
• La reforma exige que haya conexión con España para que la Audiencia pueda actuar, por lo que se cerraría el proceso sobre los bombardeos de Gaza, mantenida por el juez Fernando Andreu en contra del criterio del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Carlos Dívar, y sobre el régimen chino, donde el juez Santiago Pedraz ha imputado a tres dirigentes por las muertes en Tibet
• Asimismo, todos los grupos parlamentarios han firmado una enmienda conjunta al proyecto de ley de Oficina Judicial para dar respuesta a una de las reivindicaciones de las asociaciones de jueces; el acuerdo se plasmará en siete enmiendas, entre ellas la que se refiere a la competencia sobre los señalamientos de los juicios, que estará en manos de los secretarios judiciales, pero con control de los jueces

El congreso del estado mexicano de Guanajuato aprobó hoy una reforma a la constitución local que garantiza el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, que ha sido calificada por sus opositores como "ley antiaborto".

La reforma fue aprobada por 26 de los 36 diputados que integran el congreso estatal, principalmente por los 23 miembros de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) y tres más de los partidos opositores, indicó un comunicado del congreso estatal.

La iniciativa aprobada establece en el primer artículo de la constitución local que "persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural”. El Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos".

Asimismo, señala la prohibición de todo tipo de discriminación contra la dignidad humana o contra los derechos y libertades de la persona.

En el comunicado se señala que los diputados que estaban en contra de la iniciativa abandonaron el salón de sesiones.

Los grupos opositores señalaron que esta reforma prohíbe el aborto en cualquier circunstancia, inclusive en caso de violación, lo que contradice las leyes federales que permiten el aborto en caso de violación, cuando esté en riesgo la vida de la madre, y en caso de que sea producto de engaño.

Las organizaciones civiles defensoras del derecho de las mujeres a decidir sobre el aborto indicaron que promoverán diversas medidas legales en contra de esta reforma, como son los recursos de amparo, y la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.

Con esta iniciativa, el estado de Guanajuato se convierte en la duodécima entidad que aprueba una ley antiaborto, pese a las protestas de diversas organizaciones.

Sostiene el gobierno mexicano que este organismo de Naciones Unidas debe ser más democrático y perfeccionar sus métodos de trabajo, eficiencia y efectividad, para mejorar el sistema de seguridad colectiva.

El gobierno de México sostuvo que es necesaria una reforma al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que haga a este organismo "más democrático, que perfeccione sus métodos de trabajo, su eficiencia y efectividad con el fin de mejorar el sistema de seguridad colectiva", y ésta no debe limitarse al simple aumento en el número de sus miembros.

Esta es la posición que fijó México en la Reunión sobre la Reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que a iniciativa de Italia, congregó en Roma a representantes de alto nivel de 77 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que la Delegación mexicana que participó en las discusiones fue presidida por Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, quien asistió junto con 21 cancilleres y 19 vice-ministros de todas las regiones geográficas.

Durante su intervención,  México - que el 1 de enero pasado asumió un asiento no permanente en el Consejo para el bienio 2009-2010-, señaló que se busca contar con un Consejo de seguridad "más representativo y con una mayor capacidad para rendir cuentas a toda la membresía".

Además la delegación expresó la necesidad de aumentar el número de asientos no permanentes del Consejo de Seguridad "y de permitir la reelección inmediata de aquellos miembros, que habiendo tenido un desempeño destacado, convenzan a los demás Estados de que merecen dicha reelección".

El presidente de Bolivia, Evo Morales, proclamó la nueva Constitución Política del Estado que fue aprobada en el referendo del 25 de enero pasado, y que, recalcó, está hecha “por el pueblo y para el pueblo”.

En un acto realizado este sábado en el palacio de gobierno, el mandatario boliviano recibió de manos del vicepresidente, Alvaro García Linera, los resultados del referendo de enero pasado, en el cual, la nueva Carta Magna fue aprobada con 61 por ciento de los votos.

“Hacemos de cara al pueblo, con el pueblo, una nueva Constitución, nacida por el pueblo y para el pueblo, eso nos alegra bastante”, declaró el jefe de Estado, que con el nuevo texto constitucional aspira a profundizar su proceso de refundación de Bolivia.

Morales advirtió que “mientras siga como mandatario, seguiremos apostando por la implementación de la nueva Carta Magna y las transformaciones profundas en el país”.

La nueva Constitución fue aprobada con dos millones 64 mil 397 votos, 61.43 por ciento de los sufragios, mientras el “No” recibió el apoyo de un millón 296 mil 175 electorales, 38.57 por ciento de los votos.

En la consulta, que buscaba zanjar la querella por el latifundio, se impuso la opción de las cinco mil hectáreas como límite de propiedad de la tierra con 80.56 por ciento de los votos, mientras la propuesta de permitir hasta 10 mil hectáreas logró sólo 19 por ciento.

Morales calificó como “histórica” la jornada de entrega de los resultados del referendo, porque a su juicio dará paso a la inclusión y la refundación del país.

“Seguimos marcando historia, seguimos gracias al poder y la conciencia del pueblo boliviano, cambiando Bolivia y hoy es un día histórico”, enfatizó el gobernante.

La Suprema Corte de México ratificó hoy un amparo en beneficio de una persona que cambió de sexo para que su nueva acta de nacimiento no incluya ninguna referencia a su anterior identidad sexual y este dato permanezca en reserva.

En un comunicado, la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) analizó el caso de una persona transexual que en 2005 presentó un recurso contra la decisión de incluir en su acta de nacimiento una anotación marginal sobre el cambio de sexo, lo cual consideró discriminatorio y que viola una garantía constitucional.

El quejoso, cuya identidad no ha trascendido, había pedido a las autoridades que se le expidiera una nueva acta y que no se publicara ni se emitiera ninguna constancia que revelara su cambio de identidad, solicitud que le fue negada por un juez y por una Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF).

Los magistrados de la SCJN, que cumple en México funciones de Tribunal Constitucional, concedieron el amparo al reclamante para que la Sala respectiva deje sin efectos la sentencia anterior y ordene la emisión de una nueva acta, mientras que la anotación al margen quede en una copia reservada a la publicidad.

La Corte ratificó la validez del artículo respectivo en el Código Civil que establece la obligación de hacer constar los cambios en las actas de nacimiento, aunque también señaló que es inconstitucional revelar públicamente esos cambios, lo que viola el principio de "no discriminación".

La decisión de la Corte avala las reformas a los códigos civil, de procedimientos civiles y financiero aprobadas en octubre pasado que autorizan la emisión de nuevos documentos con la nueva identidad sexual de los transexuales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación de la republica mexicana a puesto marcha seis nuevos juzgados "virtuales" que se encargarán de girar ordenes de arraigo, de cateos y de intervención de comunicaciones, por medio de internet, no va encaminada a tener más convictos, sino a elevar la seguridad y convivencia pacífica y ordenada en el país, aseguró el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia.

El máximo representante del Poder Judicial afirmó que el derecho penal no debe ser el principal instrumento en un Estado democrático pero debe ser eficiente, útil y contundente para combatir la delincuencia cada vez más desafiante y enconada, así como la impunidad que directa o indirectamente la alienta. Al poner en marcha los seis nuevos juzgados federales penales especializados, Ortiz Mayagoitia explicó que esta nueva figura de jueces deberán ocuparse, entre otras cosas "de conocer de las medidas cautelares que son necesarias para la lícita investigación de los delitos, así como la prevención, disuasión, contención y desactivación de amenazas a la seguridad nacional".

El Ejecutivo estatal tendrá listo para presentar al Congreso en el mes de enero el paquete de reformas que implicarían modificar alrededor de 12 leyes en materia de seguridad y procuración de justicia (Código Penal, de Procedimientos Penales, Ley de Seguridad, entre otros), que permitirían, como un punto entre varios, crear un Centro de Control de Confianza y extender la utilización del polígrafo a funcionarios del Poder Judicial; también buscan hacer realidad los juicios orales.

Existe confianza de que el próximo año se concreten las reformas que en breve se entregarán al Legislativo, informó el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez.

En cuanto a la creación del Centro de Control de Confianza que estaría bajo la responsabilidad del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, explicó que practicaría la mayoría de las pruebas técnicas a funcionarios de las corporación de seguridad y procuración de justicia, para tener la certeza de su honestidad.

Finalmente ha sido aprobada en ambas cámaras la creación del Registro Nacional de Celulares, toda vez que el Senado Finalmente aprobó con 88 votos el mismo, así como las observaciones hechas en la cámara baja y luego de que el Consejo Ciudadano pidiera acelerar el registro de estos, entre otras cosas se establece que cualquier persona al momento de adquirir un celular debe de mostrar documentación como lo son la Credencial de Elector y la CURP y un comprobante de domicilio, mismos que acrediten plenamente su identidad y ademas se le tomara su huella digital para conformar el registro.

Si los usuarios no registran su equipo o chip la comunicación les sera cancelada de manera definitiva y sin derecho a reactivación, los concesionarios a su vez están obligados a integrar dicho registro y a conservar los datos por hasta 12 meses a partir de la fecha en que se realice cada llamadas, donde deberán registrar todas las comunicaciones, originarias a partir de cualquier tipo de linea y de cualquier tipo de pago, ademas de la fecha, hora y duración de la llamada.

Por otro lado se establece que en cualquier momento y a solicitud de las autoridades competentes se podrá monitorear la localización física del aparato, todos esto cambio se dieron en la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Al parecer este tema dará mucho de que hablar en los próximos tiempos, a mi personalmente no me acaba de convencer, siento violada parte de nuestra intimidad y que peor aun no sera la gran solución como nuestros legisladores creen.

El senador del PRD, Carlos Sotelo, presentará este martes ante el pleno del Senado de la República una propuesta para expedir una nueva ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En la propuesta considera que la duración de las concesiones de radio sea de hasta diez años, en contra de lo que planteó el PRI de Manlio Fabio Beltrones la semana pasada de una duración de hasta 20 años.

En servicios de telecomunicaciones, Sotelo propone un periodo de 15 años. El proyecto de decreto responde al compromiso asumido por el Senado, y los trabajos que desarrollaron los legisladores en meses de foros, discusión y análisis, señala el senador en la exposición de motivos, por la sentencia de la Corte en torno a la "ley Televisa" que dejó sin materia algunos capítulos de dicha reforma.

El senador propuso así una nueva ley federal integral, que abarca diversos aspectos del ramo; destaca que el trabajo aglutina una sola ley convergente para regular las telecomunicaciones y la radiodifusión. Sotelo aborda temas como la convergencia tecnológica, la creación de un ente regulador con naturaleza de órgano Constitucional autónomo, un régimen de concesiones, así como el acceso para los pueblos y comunidades indígenas, una de las grandes fallas de la frustrada reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión, además de un régimen para medios comunitarios. Se espera que esta propuesta sea presentada hoy ante el pleno y sea enviada a las comisiones respectivas.

El registro de los números de los teléfonos celulares debe ser una prioridad en favor de la seguridad de los ciudadanos, por lo que esta medida debe tener un arranque máximo en tres meses más y durar un año, y no dos como se venía planeando. Así lo solicitó el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal, Meyer Klip Gervitz, quien exhortó a las autoridades que el registro de celulares que aprobaron los diputados federales arranque se acelere con la finalidad de inhibir lo más pronto posible la comisión del delito de extorsión telefónica. El representante ciudadano celebró que los diputados federales hayan corregido la minuta enviada por los senadores de las reformas a la Ley de Telecomunicaciones, para reducir de dos a un año el tiempo que tienen las compañías de celulares para la realización del registro de sus teléfonos, lo cual consideró un avance. Sin embargo, hizo un llamado para que en el debate legislativo que se dará en las próximas horas, de nuevo en el Senado de la República, aún logre reducir este lapso de registro para tener otra herramienta que ayude a evitar con mayor prontitud estos ilícitos, que día a día sufre la gente en sus teléfonos fijos y móviles. Explicó que para el Consejo es necesario que todos los teléfonos celulares, principalmente de prepago, deben tener nombre y apellido, y aquellos que no tengan registro deben dejar de operar. De igual forma, se debe regular el mercado de los chips telefónicos, para que tampoco sean factor que permita violar esta ley. Indicó que en uno año el Consejo tuvo 111 mil 739 denuncias de extorsión telefónica y de ellas 3 mil 743 fueron positivas, pues la gente fue tomada por sorpresa y se dejó engañar por los presuntos delincuentes. El organismo ha recibido reportes de ciudadanos sobre 2 mil 296 números de teléfonos celulares desde donde se han realizado los intentos de extorsión.