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El gobierno de Chile afronta un posible desborde de violencia indígena en el sur del país que derivaría en un movimiento insurgente, lo cual afectaría al país a nivel internacional, afirmó hoy el analista Guillermo Holzmann.

En entrevista, el catedrático universitario señaló que recientes ataques
perpetrados por organizaciones indígenas en el sur de Chile ponen al
Ejecutivo en el dilema de reconocer un brote insurgente o afrontar la
situación como delincuencia organizada.

"La definición de la situación es clave para aplicar las medidas judiciales, de inteligencia, de contención y represión y políticas, frente al desafío a la autoridad, la legislación y la propiedad en la zona en conflicto", señaló el especialista.

Holzmann subrayó que si el gobierno no define más claramente el carácter de la situación de violencia protagonizada por comandos indígenas mapuches armados se enfrentará a una dura postura interna de agricultores y de la oposición de derecha.

Estos sectores ya están pidiendo una actuación más decidida y eficaz de los servicios policiales y de inteligencia, mientras una asamblea de
propietarios agrícolas demandó que se haga respetar el Estado de
derecho "y se termine con la impunidad de los grupos terroristas".

Organizaciones mapuches protagonizaron en los últimos días violentos ataques a propietarios de grandes extensiones de tierra en el sur del país, sin que las autoridades hayan podido detener esas acciones y detener a los líderes del movimiento.

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, reconoció la gravedad del asunto y condenó la violencia, como el ataque incendiario del pasado fin de semana a la propiedad del empresario Eduardo Luchsinger, en un acto que fue calificado por el gobierno como "delincuencial".

Los agricultores de la zona de la Araucanía, unos 700 kilómetros al sur de Santiago, y fiscal especial que investiga los atentados en la región, Francisco Ljubetic, denunciaron que se trata de "grupos terroristas armados" que utilizan "tácticas de guerrilla".

Holzmann advirtió que los hechos de violencia en el sur se ven planificados y organizados y "están contaminando el problema indígena en general".

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