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El presidente Barack Obama regresa de sus vacaciones de fin de año esta semana a la Casa Blanca con un Congreso diferente, donde los demócratas ya no tendrán mayoría en la Cámara de Representantes.
Como resultado de las pasadas elecciones de noviembre, los republicanos disponen en la nueva legislatura a partir del 5 de enero de una mayoría en la cámara baja que según han dicho piensan aprovechar para bloquear las prioridades del presidente.

Entre esas prioridades ha estado la reforma de salud, una ley ya aprobada el año pasado y que los republicanos quieren anular y empezar a hacerlo tan pronto como este mismo mes, antes del tradicional discurso sobre el Estado de la Unión que el presidente pronuncia a fines de enero.

La ley, que exigirá a todos los estadounidenses que adquieran un seguro de salud, es según sus críticos una intromisión del estado en la vida privada de los ciudadanos y una violación de las normas que rigen el libre mercado.

Tras los comicios de noviembre, la historia es diferente en el Senado, donde los demócratas, aunque reducida, siguen ostentando una mayoría de escaños.

Aun así, si aspira a ser reelegido en las elecciones del 2012, el presidente estará obligado a maniobrar ahora con mucha más cautela política en un Congreso donde ya no goza como antes de una cómoda mayoría bicameral.

El líder de la minoría republicana en el Senado, el legislador Mitch McConnell, ha dicho que su propósito principal será evitar que Obama pueda reelegirse.

Ministros de Relaciones Exteriores del Mercado Común del Sur (Mercosur) firmaron acuerdos para promover el comercio de servicios, proteger las inversiones internas del bloque y eliminar excepciones a la tarifa externa común, con lo cual apunta a consolidarse como unión aduanera.

Los acuerdos firmados en Foz de Iguazú, forman parte de un conjunto de iniciativas que deben ser ratificadas por los presidentes cuando concluya hoy el encuentro semestral del bloque. “Se trata de consolidar los avances de San Juan”, Argentina, la última reunión de presidentes del bloque en agosto pasado, resumió una fuente de la delegación argentina. En la última reunión del Mercosur, bajo presidencia Argentina, los socios acordaron eliminar el doble cobro del arancel externo común, el doble pago de aranceles cuando un producto ingresaba a un país miembro y volvía a tributar en caso de ser ingresado luego a territorio de otro socio.

Ahora en Foz, los mandatarios aprobarán un Programa de Consolidación de la Unión Aduanera, para resolver asuntos que generan excepciones al Arancel Externo Común y establecer plazos concretos para las modificaciones de legislación que permitan concretar los acuerdos aduaneros de San Juan para el año 2019. Tales iniciativas incluyen la creación de un estatuto de ciudadanía del bloque, y el establecimiento de una placa vehicular común para los cuatro países socios (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

 La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado propuso reformas a la Ley General de Salud, para brindar seguridad jurídica a quienes utilicen el método de reproducción asistida.  

Al presentar la iniciativa, el senador Julio César Aguirre Méndez explicó  que se pretende reformar diversas disposiciones de la ley General de Salud para garantizar el derecho a la libertad reproductiva.  

"En esta iniciativa se reconoce la reproducción asistida como un medio para hacer efectiva la libertad reproductiva, desde el respeto de los derechos sexuales y reproductivos, como parte de los derechos humanos" refirió.  

Indicó que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), en los países en vías de desarrollo, 86 millones de personas padecen infertilidad, y en México el padecimiento afecta aproximadamente al 17 por ciento de los habitantes en edad reproductiva.  

Agregó que las disposiciones en la materia, previstas en la Ley General de Salud  son aisladas, incompletas y de difícil aplicación.  

Por ello, agregó, se plantea adicionar una fracción VII bis al artículo tres de la Ley General de Salud, para que precisar que la regulación y control sanitario de la reproducción asistida es materia de salubridad general.  

También se propone crear el Registro Nacional Sobre Reproducción Asistida, cuyos objetivos serán registrar los procedimientos llevados a cabo, inscribir los donantes de gametos y preembriones con fines de reproducción humana.  

El Senado aprobó con 90 votos cambios a cuatro artículos constitucionales que reforman y amplían el juicio de amparo para proteger, además de las garantías individuales, los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales ratificados por México.  

Las reformas, que fueron turnadas a los congresos locales para su ratificación, perfeccionan la estructura del Poder Judicial de la Federación y consolidan a la Suprema Corte de Justicia al permitir que se concentre en asuntos de trascendencia constitucional.  

Ahora, mediante el juicio de amparo se podrán resolver omisiones en que incurra la autoridad, y se establece la figura del amparo adhesivo, para mejorar las consideraciones de una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a un juicio.  

También se introduce la figura del interés legítimo, para constituir como quejoso en el amparo a quien resulte afectado por un acto que violente un derecho o una situación jurídica.  

El Senado aprobó en lo general y en lo particular la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, que permite no juzgar a los adolescentes como adultos.

Dispone que los criterios de organización, formación especializada y los procedimientos de ingreso, promoción, permanencia y terminación aplicables al personal correspondiente a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), sean definidos por esa dependencia de acuerdo con la legislación aplicable.

El texto prevé un listado de deberes y atribuciones a cargo de las autoridades, instituciones y órganos especializados cuando tengan contacto con niñas, niños, adolescentes y adultos jóvenes en el ejercicio de sus atribuciones. Con ello se pretende tutelar en todo momento el interés superior de los menores.

Crean condición de refugiados: Por otro lado, la Cámara alta aprobó expedir la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, que crea la condición de refugiado, así como su atención y asistencia en el país, para garantizar la no discriminación.

Así, ningún solicitante o refugiado podrá ser rechazado en frontera o devuelto al territorio de otro país donde su vida estaría en peligro.

Con esta ley, todo migrante que ingrese de manera irregular a México tiene derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, así como para su cónyuge, concubinario, concubina, hijos y parientes consanguíneos hasta el cuarto grado.

La condición de refugiado se reconocerá cuando existan fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas y cuando su vida esté en peligro.

El presidente del Senado y coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, dejó entrever la posibilidad de que haya habido presiones por parte del gobierno a senadores para votar contra la Ley Antimonopolios. A pregunta expresa, reconoció que se habló de esas presiones entre los senadores.

"El grupo parlamentario del PRI votó congruentemente. Lo hicieron también otros grupos parlamentarios que quizá variaron su voto, y otros más, a mí no me consta pero mucho se habla, fueron presionados por funcionarios del gobierno para que, o variaran su voto o siguieran votando a lo que le convenía al gobierno en turno.

"Respeto lo que haya sido su decisión, pero eso fue lo que sucedió y, por ello la votación del martes, en la cual nosotros ganábamos transformando el órgano regulador, se perdió este jueves", argumentó.

En conferencia de prensa, lamentó que "debido a distintas presiones" el Senado no dio "el gran paso" para tener una legislación sobre competencia que girara fundamentalmente sobre un órgano regulador verdaderamente independiente del gobierno.

Beltrones interpretó la estrategia del PAN para evitar el aval a la ley Antimonopolios, como un impedimento para que el órgano desconcentrado de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) sea un órgano descentralizado "verdaderamente independiente, donde en el futuro los nombramientos, por parte del gobierno, no fueran caprichosos ni simplemente para premiar a amigos".

También se impidió -dijo- tener un órgano regulador que en el futuro cumpla con las funciones de vigilar la verdadera competencia "y no se pensara en un órgano regulador que solamente sirva para presionar a los adversarios o a aquellos agentes económicos que no son gratos al gobierno en turno".

Quince Congresos estatales tienen leyes anti aborto y mujeres que interrumpieron su embarazo están en la cárcel. ONG acusa a la Iglesia católica de imponer su moral y de reducir el papel femenino a funciones meramente reproductivas.
Alejandra todavía no aparece. Es la segunda vez que la sección KIOSKO de EL UNIVERSAL viaja a Puebla para tratar de hablar con ella. Frente a su casa, de pronto, su madre abre la puerta. Juana Sánchez Rojas tiene un fuerte golpe en la frente y el ojo. Ante la cámara fotográfica, simplemente se oculta.

Marco Antonio Moreno, integrante de la Red Nacional de Abogadas y Abogados por la Defensa de la Reproducción Elegida (RADAR 4°), presente en el lugar esa mañana, asegura que aquí, en esta casa de la colonia Xonaca se vive violencia intrafamiliar. Dicen los activistas que cuando el padre de Alejandra se enteró del aborto de su hija casi la mata a golpes.

Juana, tras la puerta entrecerrada, comenta que tiene prohibido hablar; que su esposo tuvo una fuerte discusión con su hija y que desde entonces no la ve... y es que Alejandra tenía 14 semanas de embarazo cuando decidió abortar, tomó pastillas, tuvo una hemorragia por lo que acudió a la Cruz Roja de Puebla, entidad donde el aborto está prohibido, salvo los casos que prevé la ley.

Por lo anterior, se dio aviso a las autoridades para hacer el levantamiento del cadáver o feto y se inició la averiguación previa AP61/2009/ AEH, “para determinar su situación legal debido a que de acuerdo a la ley local, cometió un homicidio por provocarse un aborto y deberá responder ante las autoridades por sus actos”, cita el documento.

La Presidencia de la República publicó este lunes la Ley de la Policía Federal que permitirá  realizar intervenciones telefónicas cuando se lleven a cabo evasión de presos, delitos contra la salud, corrupción de menores o "incapaces", extorsión, homicidio y secuestro donde podrán participar instituciones privadas.

De acuerdo al documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) esta actividad podrá realizarse por autoridades civiles por medio del Comisionado General de la Policía Federal cuando se acrediten estos ilícitos vinculados con la delincuencia organizada, además del turismo sexual, lenocinio, explotación de menores, operaciones con recursos ilícitos y asalto en carreteras.

En el documento, enviado por el Congreso de la Unión al Ejecutivo, se establece que la solicitud de autorización deberá estar fundamentada legalmente, qué tipo de comunicaciones, el periodo de intervenciones, el cual puede ser prorrogado bimestralmente, sin exceder más de seis meses.

"Después de dicho plazo, sólo podrán autorizarse nuevas intervenciones cuando el Comisionado General de la Policía Federal acredite nuevos elementos que así lo justifiquen.

"En la autorización, la autoridad judicial competente determinará las características de la intervención, sus modalidades y límites y, en su caso, ordenará a instituciones públicas o privadas, modos específicos de colaboración", indica el texto.

En el DOF se especifíca que la Policía Federal deberá rendir un informe mensual sobre la intervención, que la autoridad judicial competente pondrá a disposición del Ministerio Público y en caso de que no se detecten actividades delictivas, se ordenará la destrucción del material en presencia del Comisionado General de la Policía Federal.

La Presidencia de la República publicó este lunes la Ley de la Policía Federal que permitirá  realizar intervenciones telefónicas cuando se lleven a cabo evasión de presos, delitos contra la salud, corrupción de menores o "incapaces", extorsión, homicidio y secuestro donde podrán participar instituciones privadas.

De acuerdo al documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) esta actividad podrá realizarse por autoridades civiles por medio del Comisionado General de la Policía Federal cuando se acrediten estos ilícitos vinculados con la delincuencia organizada, además del turismo sexual, lenocinio, explotación de menores, operaciones con recursos ilícitos y asalto en carreteras.

En el documento, enviado por el Congreso de la Unión al Ejecutivo, se establece que la solicitud de autorización deberá estar fundamentada legalmente, qué tipo de comunicaciones, el periodo de intervenciones, el cual puede ser prorrogado bimestralmente, sin exceder más de seis meses.

"Después de dicho plazo, sólo podrán autorizarse nuevas intervenciones cuando el Comisionado General de la Policía Federal acredite nuevos elementos que así lo justifiquen.

"En la autorización, la autoridad judicial competente determinará las características de la intervención, sus modalidades y límites y, en su caso, ordenará a instituciones públicas o privadas, modos específicos de colaboración", indica el texto.

En el DOF se especifíca que la Policía Federal deberá rendir un informe mensual sobre la intervención, que la autoridad judicial competente pondrá a disposición del Ministerio Público y en caso de que no se detecten actividades delictivas, se ordenará la destrucción del material en presencia del Comisionado General de la Policía Federal.